CENTRO COMUNITARIO|Justicia ambiental|La justicia ambiental: antecedentes

INTRODUCCIÓN
A lo largo de las últimas dos décadas, el asunto de la injusticia ambiental ha salido a la luz pública y ha surgido un movimiento importante en torno a ella. Desde el principio, se prestó especial atención a los impactos desproporcionados de la contaminación ambiental en las comunidades pobres y en las comunidades de personas de color en los EE.UU. El grado de los impactos desproporcionados se encuentra sujeto a debate, al igual que sus causas. El aumento de las inquietudes sobre la justicia ambiental ha conllevado al planteamiento de nuevas iniciativas políticas y a innovadoras investigaciones científicas.

DEFINICIONES DE LA JUSTICIA AMBIENTAL
Aunque el impacto desproporcionado de las condiciones ambientales (como la contaminación) es una de la preocupaciones principales del movimiento por la justicia ambiental, no es ni por asomo la única. Hay una
gama de definiciones del término "justicia ambiental" que se utilizan, muchas de las cuales también abarcan un espectro aun más amplio de inquietudes. Es importante reconocer que el tema de la justicia ambiental es más amplio que la información ofrecida por Scorecard.

INVESTIGACIÓN
A los primeros estudios pioneros en cuanto a la ubicación de los sitios de desechos peligrosos, realizados por la Oficina de Contabilidad General de los EE.UU. (U.S. General Accounting Office) y la Iglesia Unificada de Cristo (United Church of Christ), les siguieron estudios en cuanto a la distribución de los riesgos laborales, la contaminación del aire, la ubicación de instalaciones industriales y de locales para contaminantes, y de la discriminación al realizar actividades para aplicar las normas ambientales. Los investigadores en su mayoría han limitado sus indagaciones a la evaluación de las diferencias en cuanto a la ubicación de las fuentes de contaminación entre comunidades, poniendo menor hincapié en la evaluación de la distribución de los grados actuales de exposición y de los posibles riesgos a la salud. Aunque la evidencia no es contundente,
muchas investigaciones sugieren que ocurre una desigualdad de impactos de los riesgos ambientales entre las personas pobres y las personas de color en algunas regiones del país. Scorecard ofrece un panorama general de los indicadores de la injusticia ambiental, incluyendo la ubicación de instalaciones potencialmente peligrosas y de sitios de desechos, así como de los riesgos de cáncer que se calculan a lo largo de la vida a causa de los contaminantes del aire peligrosos en la atmósfera.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Para mayores datos acerca de estos temas y de las organizaciones de apoyo que trabajan para combatir las desigualdades ambientales en los EE.UU., vea nuestra
lista de recursos.

INICIATIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL
En febrero de 1994, el Presidente Clinton firmó una
orden ejecutiva que obligaba a las agencias federales a idear estrategias para integrar las inquietudes sobre la justicia ambiental a sus estrategias de regulación, de generación de políticas y de cumplimiento de normas. La Oficina de Justicia Ambiental de la EPA de los EE.UU. (US EPA's Office of Environmental Justice) debe jugar un papel central en la coordinación de las actividades entre agencias, al responder a la orden ejecutiva del Presidente. La EPA también estableció el Consejo Consultor Nacional sobre la Justicia Ambiental (National Environmental Justice Advisory Council, o NEJAC por sus siglas en inglés). El objetivo del Consejo es asesorar a la Agencia acerca de cómo integrar la justicia ambiental al realizar investigaciones acerca de la salud y su relación con el medio ambiente, al hacer cumplir las normas e imponer multas, al promover la participación del público en los procesos de elaboración de reglamentos, y en la toma de decisiones en torno a la ubicación de instalaciones.

La Oficina de Derechos Civiles de la EPA (EPA's Office of Civil Rights) supervisa el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 por parte de la agencia. Esta ley federal prohibe la discriminación con base en la raza, el color y el origen nacional, en todos los programas y actividades que reciban financiamiento federal. Aunque el Título VI de hecho prohibe la discriminación intencional, la Suprema Corte dictaminó que el Título VI autoriza a las agencias federales, incluyendo a la EPA, a aplicar regulaciones que prohiban los efectos discriminatorios, además de la discriminación deliberada. Con frecuencia, las políticas y prácticas aparentan ser neutrales pero tienen resultados discriminatorios. La EPA creo recientemente un Borrador de Guía del Título VI para la investigación de denuncias de discriminación en los procesos de expedición de permisos.

RECONOCIMIENTOS DE LA SECCIÓN SOBRE JUSTICIA AMBIENTAL
Metodología analítica: Rachel Morello-Frosch, Profesor Asistente, Facultad de Servicios para la Salud y Humanos, Universidad Estatal de San Francisco (San Francisco State University)
Traducción: InterCultura Bilingual Media



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